El ciudadano medio, a causa del desconocimiento en profundidad del sistema legal español, se encuentra en demasiadas ocasiones a merced de la deshonestidad de colectivos y particulares sin escrúpulos. Puede dar fe de ello cualquiera que haya sufrido en sus carnes el filibusterismo de las compañías telefónicas o de la cuestionable gestión de las empresas gasísticas y eléctricas, las entidades comerciales que transmiten al público una mayor sensación de falta de transparencia y bochornosa impunidad. Contratos que varían de la noche a la mañana sin justificación ni previo aviso, contadores que arrojan cifras más que dudosas, técnicas comerciales de acoso y derribo y una larga ristra de etcéteras capaces de hacerse tirar de los pelos al santo Job. Pero no solo esto, el bufete de abogados de Sevilla Agarte Abogados cita además un importante número de problemas legales todavía más graves y que, por desgracia, ahondan en esta indefensión del ciudadano. Son casos como las negligencias médicas, la atribución de culpabilidades y compensaciones en accidentes de tráfico, los casos de herencias y testamentos o los cobros de impagos, al alza en el contexto actual de crisis económica. No solo el ciudadano privado puede gozar de los beneficios de la representación legal, sino que también las sociedades pueden (y deben) asegurar su tranquilidad en materia legal respecto a asuntos como la constitución, disolución y transformación de sociedades; la ampliación o reducción del capital social, la elaboración y reforma de los estatutos de la entidad, el asesoramiento y la gestión fiscal, el asesoramiento y la gestión laboral, los servicios de compatibilidad o los servicios de igualas a empresas.
“Las reclamaciones y demandas contra clínicas y profesionales sanitarios, han experimentado un elevado crecimiento en los últimos años, con el consiguiente aumento de costes que se originan con las cuantiosas indemnizaciones exigidas”, razona este experto despacho de abogados de negligencias médicas de Sevilla. Además de la elevada cuantía que supone iniciar un proceso legal arduo y complicado, la necesidad de contar con profesionales legales curtidos en el área sanitaria es una de los principales factores que aconsejan acudir al consejo de una firma especializada. “Nuestro despacho ha intervenido en numerosos casos desarrollando la dirección jurídica desde la posición jurídica del paciente tanto en la Jurisdicción Civil como en la Contencioso Administrativa, ello nos ha permitido adquirir una sólida experiencia desde la perspectiva jurídicamente más difícil y obteniendo un óptimo porcentaje de éxitos acreditables”, ejemplifica el bufete de abogados en Sevilla, que se atribuye una gran mayoría de resoluciones favorables en sus hasta cuarenta intervenciones en asuntos judiciales acerca de negligencias médicas, algunos de ellos aún en curso. Son ejemplos como los 120.000 euros de indemnización que le fueron concedidos por el Servicio Andaluz de Salud a los familiares de una paciente fallecida en el Hospital de Úbeda a causa de una infección hospitalaria o los 190.000 euros de compensación dictaminados tras vencer el juicio por una reclamación a un médico especialista en traumatología que había practicado una intervención quirúrgica al paciente sin tener el diagnóstico previo y causándole por ello una paraplejia.
Son situaciones que muestran por sí mismas las ventajas de contratar un abogado de cabecera que pueda orientar los pasos del cliente en un terreno por donde conviene andar con pies de plomo. Además, por lo general, si se cuenta con el respaldo de especialistas en legislación civil y mercantil, la inmensa mayoría de estas coyunturas se resuelven de manera inmediata, con la toma de contacto, así como por negociación. Y es que ni siquiera que la disputa implique a parientes facilita los acuerdos, como demuestran los casos de los testamentos, indica esta firma que también posee expertos abogados en herencias en Sevilla. “Los procedimientos ab intestato, en el caso que los herederos sean hijos o padres se podrá tramitar ante una notaría, y entonces su tramitación será relativamente rápido. En caso que los herederos no sean ascendientes o descendientes, sino otros familiares por línea colateral, el procedimiento ab intestato deberá tramitarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde haya fallecido el causante. En este último caso será necesaria la intervención de abogados especialistas”, aseguran. Asimismo, insisten, “en el caso que no exista conformidad de los herederos con el testamento o no se pongan de acuerdo en el reparto de los bienes, los interesados tendrán que acudir a un procedimiento judicial ‘división de herencia’, que puede conllevar cierta dificultad y gastos de los honorarios de partidor-contador y peritos”.
